El senador nacional por La Pampa, Daniel Lovera, se refirió a su proyecto de ley
para que la República Argentina adhiera al Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,
adoptado en la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró
el año pasado.
Ante la consulta sobre la perspectiva que propone este convenio, el senador explicó: “El convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia y acoso, especialmente cuando media una razón de género. Estamos avanzando para que, en el mundo del trabajo, se respete la diversidad y se erradiquen prácticas que, en muchos casos, provocan daños físicos, psicológicos, sociales y familiares. Tenemos el compromiso de lograr que se naturalicen, de manera práctica, derechos que no solo representan el marco de dignidad para tener un trabajo decente sino que ofrecen un beneficio colectivo del que disfrutamos todos”.
¿Qué propone, puntualmente, este convenio?
Pone en valor el reconocimiento de la cultura del trabajo a través del respeto mutuo y la dignidad, haciendo imprescindible que todos estemos listos para prevenir la violencia y el acoso. Propone la adopción de un enfoque integrado e inclusivo que reconozca las consideraciones de género para abordar los factores de riesgo.
La aplicación de lo que propone, ¿qué ámbitos incluye?
Es muy minucioso, incluye todos los ámbitos vinculados al trabajo, desde las comunicaciones internas hasta los mensajes alcanzados por las tecnologías de la información y la comunicación, desde los transportes (cuando son del empleador) hasta las zonas de recreación, pago o servicio. Propone una cobertura integral en la aplicación de esta protocolización que necesita, claramente, decisión y acción política y responsabilidad social para que pueda aplicarse tanto en el ámbito público como en el privado.
Una vez que se legisla sobre el convenio, ¿cómo se prevé la aplicación?
En principio, hay que evaluar y valorar los mecanismos que existen, pero siempre va a ser de manera transversal a toda la sociedad. El mundo del trabajo debe ofrecer protección y seguridad a los trabajadores e informar y concientizar a la sociedad entera para que estos procesos se naturalicen. La violencia y el acoso deben prohibirse legalmente, y la condición de género debe ser tratada de manera especial porque representa situaciones de vulnerabilidad. Las cámaras empresariales, los organismos del Estado y las propias organizaciones sindicales van a cumplir un rol fundamental para que estos procedimientos cuenten con autoridades de control y aplicación.
¿Cuál es el compromiso que debe asumir el Estado para la adhesión a esta normativa?
Debe adoptar o profundizar las leyes y las políticas que aseguren el derecho a la igualdad con una misión clara de erradicar la discriminación, tanto en el sector público como en el privado. Se han dado algunos pasos en lo que respecta a los derechos de las mujeres, a la garantización de la libre elección de género y a la conformación de un mundo laboral que es esencialmente diverso, pero aún es necesario profundizar estos pasos y a eso tiene que garantizarlo la política. Yo creo que 2020 será el año de consolidación de los derechos de las mujeres en Argentina; el ritmo de la realidad se ha hecho eco de los reclamos feministas que parecen más cercanos que nunca de ver la luz, tanto en prácticas que tienen que ver con la cotidianidad social de las relaciones interpersonales, como en el compromiso que debemos asumir desde los ámbitos deliberativos para que las leyes se aprueben y se apliquen. Protección, prevención y vías de recurso de reparación deberían ser los tres objetivos que nos fijemos, inicialmente, para trabajar las ideas y los fundamentos que plantea este convenio.